En el anterior blog sobre Declaración de Interés Comunitario, definíamos quien tiene la obligación de realizar el trámite. No obstante, sabemos que se trata de un trámite complejo y denso, por lo que vamos a responder de manera sencilla a las principales cuestiones que puedan surgir sobre dicho trámite.
Respondemos a 10 preguntas sobre la legalización de viviendas en Suelo No Urbanizable mediante la Minimización de Impacto Territorial.
Las construcciones de piedra en seco constituyen una técnica ancestral que se pretende recuperar mediante su catalogación y conservación.
La Declaración de Situación Individualizada es el primer trámite a realizar en una vivienda particular para obtener su legalización. En este blog te explicamos todos los detalles de dicho trámite.
El Estudio de Integración Paisajística (EIP) minimiza el impacto visual y paisajístico de una edificación en el ámbito que la rodea.
La Minimización de Impacto Territorial (MIT) es un trámite cuyo objetivo es regular ciertas viviendas implantadas de manera ilegal en suelo no urbano con el objetivo de reducir los potenciales impactos que provocan o han provocado en el territorio y medio ambiente.
El catastro es una fuente de datos que nos permite conocer el estado de una vivienda o parcela desde el punto de vista de antigüedad o geometría, entre otros. Estos datos son consultables por todos los ciudadanos y su explotación nos permite obtener conclusiones sobre distintos aspectos de una ciudad como su evolución, zonificación e incluso realizar proyecciones de futuro.
La sentencia llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia que anulaba el PATIVEL tuvo lugar debido a, según el Manifiesto de la Delegación Territorial de la Com. Valenciana del Colegio de Geógrafos, la confusión existente entre dos conceptos que son cercanos, pero no iguales: el Urbanismo y la Ordenación del Territorio.
En este post te explicamos las diferencias entre Urbanismo y Ordenación del Territorio y cómo ha afectado la confusión entre ambos conceptos en la nulidad del PATIVEL.
La Agencia Valenciana de Protección del Territorio ejercerá las potestades administrativas de protección de la legalidad urbanística, respecto de infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable.
